A raíz de diversas balaceras y episodios violentos en recintos educativos, el Ejecutivo anunció la puesta en marcha de los Patrullajes Preventivos Inteligentes (PPI) en escuelas durante el segundo semestre del año, focalizándolos en 44 comunas identificadas como prioritarias por la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD). Sin embargo, Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar y máximo representante de la Asociación Chilena de Municipalidades, manifestó su desaprobación ante la manera en que se enmarca esta estrategia. Según Alessandri, la carga de la seguridad pública recae injustificadamente sobre los municipios, que ya enfrentan limitaciones en recursos técnicos, humanos y financieros. El alcalde criticó que la subsecretaria Leitao imponga mayores requisitos sin aportar el apoyo económico indispensable, situación que considera irresponsable y una forma de disimular las deficiencias estatales en la materia.
Alessandri puntualizó que, ante el incremento de la violencia en el medio escolar, la respuesta del Ejecutivo resulta insuficiente al centrarse exclusivamente en patrullajes fuera de los colegios, dejando de lado alternativas como la utilización de detectores de metales. Para él, combatir la violencia en instituciones educativas demanda una estrategia amplia, interministerial y de largo plazo que involucre a entidades como el Ministerio de Educación, el de Desarrollo Social, Salud, Interior y Deportes, además de la participación activa de familias, colegios y municipios. En palabras del alcalde, este esfuerzo debe estar respaldado por una planificación clara y un financiamiento adecuado.
Por su parte, la ministra Leitao explicó que la implementación de los PPI exige que los municipios muestren capacidad operativa mediante la disponibilidad de vehículos, recursos tecnológicos y una coordinación efectiva con actores locales en educación y seguridad. La iniciativa, que integra el programa PPI – basado en inteligencia artificial – con Comunidades Educativas Protegidas del Mineduc, fue diseñada tras analizar datos policiales del periodo 2019-2024 y considerar tanto las comunas que ya cuentan con el programa como aquellas con los entornos educativos de mayor riesgo.
El detalle de las 44 comunas priorizadas incluye: Arica (Región de Arica y Parinacota); Iquique y Alto Hospicio (Región de Tarapacá); Antofagasta y Calama (Región de Antofagasta); Copiapó (Región de Atacama); La Serena, Coquimbo y Ovalle (Región de Coquimbo); Quilpué, Valparaíso y Viña del Mar (Región de Valparaíso); Maipú, La Florida, San Bernardo, Santiago, Puente Alto, Estación Central, Ñuñoa, Recoleta, Las Condes, Peñalolén, Quilicura, Pudahuel, Quinta Normal, Melipilla, Renca, San Miguel, Cerro Navia, La Cisterna, Lo Prado y La Pintana (Región Metropolitana); Rancagua (Región de O’Higgins); Talca (Región del Maule); Chillán (Región de Ñuble); Concepción, Lota, Los Ángeles y San Pedro de La Paz (Región del Biobío); Temuco (Región de La Araucanía); Valdivia (Región de Los Ríos); Puerto Montt (Región de Los Lagos); Coyhaique (Región de Aysén); y Punta Arenas (Región de Magallanes).
La crítica de Alessandri pone en evidencia la necesidad de un apoyo estatal robusto que permita a los municipios responder de manera efectiva a los desafíos de la seguridad escolar, enfatizando que el esfuerzo colectivo y el respaldo financiero son esenciales para abordar este complejo fenómeno social.
Autor: Jorge Rojas