El Juzgado de Garantía de La Serena ha decretado el alzamiento del secreto bancario de Patricio Bolvarán, exfuncionario de la Secretaría Regional Ministerial de Minería de Coquimbo, actualmente imputado por el Ministerio Público por cometer cuatro delitos reiterados de fraude al fisco que ascienden a $72.200.000. Durante la audiencia de formalización, el magistrado Alain Maldonado Liberona, a solicitud de la fiscalía, impuso la medida cautelar de arraigo nacional y determinó un plazo de 100 días para la realización de la investigación.
En su resolución, el juez autorizó al Ministerio Público para que reciba información de las instituciones bancarias indicando tanto las entradas como las salidas de dinero, permitiendo el análisis detallado de la procedencia y el destino de los fondos. Para ello, se ordenó a los bancos implicados remitir directamente a la Fiscalía de Coquimbo las cartolas bancarias que reflejen saldos, depósitos, transferencias y giros efectuados entre el 20 de enero y el 24 de septiembre de 2020, incluyendo los detalles de los destinatarios de las transferencias electrónicas ejecutadas por el imputado.
Según la acusación, el 6 de enero de 2020, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la Seremi de Minería de Coquimbo entregó mediante giro de cheques $103.500.000 al Sindicato de Trabajadores Independientes de Pirquineros Nueva Esperanza para financiar el mejoramiento de la planta minera gravimétrica de oro en Canela. Este proyecto, desarrollado por la Sociedad de Servicios a la Minería Portilla Hermanos Limitada y financiado a través del Fondo de Desarrollo Regional, había iniciado en 2017 pero se encontraba paralizado debido a fallas estructurales y en su equipamiento, lo cual hacía indispensables las obras de modernización.
El Ministerio Público sostiene que el exfuncionario, actuando a honorarios, simuló representar al jefe regional, Roberto Vega, y, aprovechándose del acceso a información interna, indujo a los pirquineros a tramitar en BancoEstado cuatro vales vista endosables. Posteriormente, ejecutó tres cobros en distintas sucursales –el 20 de enero, el 5 de junio y el 7 de abril de 2020 por $42.700.000, $14.000.000 y $11.500.000 respectivamente– y un cuarto cobro el 23 de septiembre por $4.000.000 en Los Vilos, apropiándose en total de $72.200.000 en perjuicio del patrimonio fiscal.
Autor: Iñigo Socías