La Ley de Nueva Educación Pública, promulgada en el año 2017, ha enfrentado numerosos percances y dificultades en el proceso de desmunicipalización de los colegios y en la creación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). En los últimos años se han registrado paros de profesores pertenecientes a estos servicios, siendo el episodio más crítico el protagonizado por los docentes de Atacama, cuyo paro en 2023 afectó a 30.000 estudiantes durante 83 días. Sumado a ello, se han registrado movilizaciones en Magallanes reivindicando mejoras salariales y recientemente, un paro en el SLEP Puerto Cordillera (Andacollo-Coquimbo), en el que durante dos semanas los educadores demandaron el pago de sueldos atrasados y mejoras en la infraestructura de los establecimientos. En este contexto, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, señaló a El Mercurio que la gestión en el traspaso de los establecimientos ha sido deficiente, al no contar con los directores ejecutivos adecuados ni con equipos de trabajo eficientes. Aguilar también destacó que el sistema de financiamiento basado en la subvención por asistencia media, propio de la educación pública, no ha sido abordado con la determinación necesaria por el actual Gobierno, lo que ha propiciado un desfinanciamiento crónico en estos sistemas. Por otra parte, Magdalena Vergara, del centro de estudios Idea País, afirmó que los errores en el diseño de la ley y su posterior mala implementación han perjudicado directamente a las escuelas y estudiantes, añadiendo que la falta de voluntad política por parte del Gobierno, que dejó en suspenso el proyecto de modificación legislativa en el Congreso, impide encontrar soluciones efectivas ante la continuidad de estos paros.
Autor: Iñigo Socías