Santiago, diciembre de 2025. Un incendio que afectó uno de los departamentos en un condominio de la exclusiva comuna de Vitacura —integrado por diez torres, 1.200 viviendas y cerca de 5.000 habitantes— ha reavivado inquietudes acerca del cumplimiento de la obligación legal de contar con un seguro colectivo contra incendios. El suceso pone en evidencias no solo la falta de seguros en algunas comunidades, sino también el problema creciente de contar con coberturas inferiores a las necesarias, aplicándose la mínima formalidad legal sin garantizar la protección adecuada en caso de siniestro.
Conforme a lo estipulado en el artículo 44 de la Ley de Copropiedad Inmobiliaria Nº 21.442, todos los conjuntos habitacionales deben disponer de una póliza que proteja los bienes comunes frente a daños por fuego, calor, humo o por los métodos empleados para combatir un incendio. La responsabilidad de contratar este seguro recae en el comité de administración y en la gestión del edificio, siendo susceptibles de sanciones legales si incumplen esta obligación. Expertos recalcan que, aunque algunos reglamentos internos puedan omitir esta medida, la ley es clara y el seguro es obligatorio para quienes se encuentran bajo su amparo.
Guillermo Márquez, gerente de Tecnología de Edifito, empresa especializada en soluciones digitales para comunidades, advierte que la carencia de un seguro adecuado puede resultar en pérdidas totales para la comunidad, haciendo que el costo de reparación, reconstrucción o reubicación recaiga directamente sobre los copropietarios, muchos de los cuales desconocen esta situación. Asimismo, edificios de oficinas, centros comerciales y bodegas deben contar con esta garantía, lo que resalta la necesidad de asesoría especializada ante la posibilidad de una cobertura mal calculada, que puede resultar en condiciones de subaseguramiento o sobreaseguramiento.
A nivel nacional, se estima que solo el 54,4% de las comunidades posee una póliza contra incendios vigente. Regiones como La Araucanía (70,7%), Coquimbo (68,0%) y Magallanes (65,7%) muestran mayores índices de cobertura, mientras que otras, como Arica y Parinacota (35,7%) y O’Higgins (37,7%), se alejan considerablemente de este promedio. Estas cifras ponen de relieve las brechas en la cultura preventiva, donde la ausencia o insuficiencia de un seguro puede convertirse en la ruina financiera de la comunidad ante una emergencia.
El incidente, que afortunadamente no tuvo víctimas mortales, pero sí generó significativos daños materiales, ha reavivado la discusión sobre la aplicación rigurosa de la Ley de Copropiedad y la importancia de contar con seguros adecuados. La situación demanda una mayor fiscalización, concientización y cumplimiento efectivo, recordando que la prevención y la protección de las familias son responsabilidades fundamentales tanto legales como morales.
Autor: Roberto Sánchez