El equipo ejecutivo de la Corporación Municipal Gabriel González Videla, bajo la dirección del Secretario General Marcelo Gutiérrez, ha hecho un llamado a las autoridades de SLEP para detener el traspaso de inmuebles que no cuentan con un fin exclusivo educativo, ya que estos forman parte del patrimonio de la ciudad. Entre ellos se destaca el Hogar Femenino de La Serena, reconocido como un emblema en la esfera cultural y educacional, que durante todo el año acoge a niños, jóvenes, estudiantes y adultos mayores de sectores vulnerables. La propuesta de la Corporación se funda en la necesidad de preservar dichos espacios, en línea con las directrices de la alcaldesa Daniela Norambuena, que busca garantizar un ambiente adecuado para el desarrollo de múltiples actividades comunitarias.
El planteamiento institucional se ha traducido en la presentación de recursos en distintos ámbitos, tanto administrativos como judiciales, con el objetivo de evitar lo que se califica como una arbitrariedad. Además del Internado del Hogar Femenino, se pretende proteger otros bienes clave para la identidad y el bienestar de los serenenses, como el Teatro Municipal.
Dentro de los documentos presentados, el Secretario General subrayó que la entidad ya ha entregado una propuesta de convenio a SLEP el pasado 26 de diciembre, la cual tiene como objetivo la regularización y orden de cuentas de los establecimientos bajo su gestión. Se destaca la inversión de más de 180 millones de pesos anuales destinados a funciones esenciales, tales como el módulo dental para los estudiantes, el mantenimiento de áreas verdes y el fortalecimiento de las rondas de seguridad en las escuelas. El abogado Gonzalo Pinochet, representante de la Corporación, reafirmó la intención de colaborar en beneficio de la ciudadanía, remarcando la disposición de la institución para llegar a acuerdos con el Servicio Local de Educación Elqui, siempre y cuando se respete la legalidad y se salvaguarde el patrimonio comunal.
Por otra parte, desde el ámbito legal, Olga Guerrero, abogada de la Corporación Municipal, resaltó la gravedad de esta situación y explicó que se recurrió a la Corte de Apelaciones de La Serena para interponer un recurso de protección. Además, se solicitó a la Contraloría General de la República un pronunciamiento jurídico que aclare la legalidad de la situación, enfatizando que el conflicto trasciende el ámbito político-administrativo y está directamente relacionado con la protección de derechos fundamentales de la comunidad.
Autor: Jorge Rojas